La amnistía fiscal

RAMÓN FERNÁNDEZ DE TIRSO

Ramón Fernández de TirsoEl pasado 8 de junio de 2012 se hizo publica la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, contra la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 12/2012, prácticamente 5 años después de que el Grupo Socialista presentará el recurso: el 25 de junio de 2012. Es decir, el parto del Tribunal Constitucional ha sido extremadamente lento, aunque marca un antes y un después para la mal llamadas reguralizaciones fiscales que han aprobado gobiernos del PSOE y del PP, en total 3, incluida la declarada inconstitucional.

Quizá podamos opinar que 5 años meditando la sentencia es un exceso, y efectivamente lo es, pero bienvenido sea el parto, porque a partir de ahora, y pese a los lloros de determinados personajes políticos, creo, a la vista de su contenido, que va a ser muy difícil que un gobierno pueda aprobar una amnistía fiscal. Porque a pesar de lo que afirme el gobierno del PP, la sentencia no solo establece con claridad que es inconstitucional el empleo de un Real Decreto-Ley para aprobar este tipo de medidas fiscales, además entra en el fondo de la cuestión, que es aclarar si nuestro ordenamiento constitucional es compatible con las amnistías fiscales, porque de la sentencia parece deducirse con claridad que el máximo interprete de nuestra Constitución, considera que es incompatible con uno de los deberes consagrados en el artículo 31.1, de nuestro texto constitucional: el deber de TODOS de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Por otra parte, la sentencia pone de manifiesto también el factor desmoralizador que para los ciudadanos es toda amnistía fiscal, al legitimar “como una opción valida la conducta de quienes de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”, es decir, que con estas medidas fiscales, el ciudadano llegara a la conclusión que TODOS no somos iguales ante la ley. Lamentable conclusión, que a la vista de los hechos, es racionalmente lógica en cuestiones tributarias.

Como a veces ha sucedido con otras sentencias sobre asuntos polémicos, la decisión del Tribunal Constitucional, queda un tanto oscurecida al no acordar que la sentencia se aplique a las regularizaciones tributarias firmes realizadas al amparo del Real Decreto-Ley, fundamentando esta decisión en el principio de seguridad jurídica, cuyo contenido no esta definido en el artículo 9.3 de nuestro texto constitucional, y que ha servido, en ocasiones, como la que nos ocupa, como un cómodo cajón de sastre, útil, para que alguno de nuestros tribunales fundamenten una determinada decisión. Cuestión esta que puede traer una larga cola desde el punto de vista jurídico-doctrinal. No obstante, al aplicar ese principio solo a los supuestos en que la reguralización tributaria sea firme, quedan fuera los supuestos en que la reguralización no había alcanzado firmeza, en consecuencia, alguno de los afectados que creían haber resuelto su problema estarán apesadumbrados después de hacerse publica la sentencia

Evidentemente, después de la torta política que con esta sentencia se lleva el Ministro Montoro, en cualquier país democrático debería asumir su responsabilidad política, pero con sinceridad, no creo que lo veamos, porque Montoro es de los que piensan: ¡lejos de mi la nefasta practica democrática de asumir responsabilidades políticas!

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