Las empresas valencianas ante el nuevo IVA

CAROLINA VERDÉS

Carolina VerdésA quince días de que el “Suministro de Información Inmediata (SII)” entre en vigor, y según la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, las empresas valencianas no se encuentran preparadas para afrontar este nuevo reto ante la Agencia Tributaria.

El SII comenzará a funcionar de manera obligatoria el día 1 de julio de 2017. Para entonces, el colectivo de ‘grandes empresas’ (aquellos cuyo volumen de operaciones, hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros), ‘grupos societarios’ a efectos de IVA y los inscritos en el régimen de devolución mensual del impuesto (REDEME) deberán remitir cada 4 días (8 días excepcionalmente hasta 31 de diciembre de 2017) sus registros de facturas emitidas y recibidas.

En España, se verán afectados unos 62.000 contribuyentes, que representan el 80% de la facturación de los sujetos pasivos de IVA en nuestro país, mientras que en nuestra comunidad, serán un total de 7.995 los contribuyentes obligados al SII: 184 personas físicas, 7.811 jurídicas (1.221 sociedades anónimas, 60.64 sociedades de responsabilidad limitada, 238 cooperativas, 1 comunidad de propietarios, y 78 otras).  El resto podrán decidir voluntariamente pudiendo renunciar o acogerse al sistema, si así lo desean, al final de cada año y durante cada mes de noviembre.

Lo cierto es que este proyecto de la Agencia Tributaria no es nuevo, a pesar de que su aprobación no se materializó hasta de 2 de diciembre de 2016, con el Real Decreto 596/2016, tras sucesivos aplazamientos ante la falta de gobierno. Sin embargo, la orden ministerial HFP/417/2017 por la que se regulan las especificaciones técnicas del SII no fue publicada hasta el pasado día 15 de mayo de 2017, lo que ha retrasado considerablemente el proceso de migración e implantación en las empresas.

Los asesores fiscales advierten que hay un colectivo importante de empresas exportadoras que no son gran empresa y que no disponen de recursos administrativos e informáticos preparados para afrontar este nuevo reto. Carolina Verdés, vicepresidenta territorial de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV) recuerda que “aquellos contribuyentes que estén en el REDEME y que no quieran cumplir con el SII, podrán renunciar extraordinariamente del REDEME a través de una declaración censal y hasta el día 15 de junio”.

La vicepresidenta de la APAFCV lamenta por otra parte que el legislador haya optado por dicha alternativa para evitar el SII pues ello, dice Verdés “supondrá que las devoluciones de IVA mensuales serán a partir de ahora anuales, con el impacto financiero que ello supone para una pyme exportadora”.

El SII aporta grandes ventajas y facilita el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en materia de IVA. Además, permite ampliar en diez días el plazo de presentación de las autoliquidaciones periódicas, pero no debemos de olvidar que existe un régimen sancionador por la falta de presentación, así como por el mero retraso en la misma, consistente en una multa pecuniaria proporcional de un 0,5% del importe de cada factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

Cabe tener presente también, que el SII permite gestionar cualquier error en el envío de los registros de facturas. Es por ello que resultará siempre aconsejable remitir escalonadamente los registros al objeto de corregir errores formales, pues las facturas recibidas que resulten “rechazadas” se entienden por no presentadas, limitando y retrasando así la deducción del IVA soportado.

No obstante, fuentes de la Agencia Tributaria han manifestado su intención de no aplicar severamente el régimen sancionador, especialmente durante el primer año de aplicación del SII. Sin embargo, hay que tener en cuenta, según señalan desde la APAFCV, que la Ley no ampara ninguna eximente a la hora de sancionar, por lo que, debemos de ser cautos y procurar cumplir con estas nuevas obligaciones fiscales en tiempo y forma; una obligación más dentro de la infinidad de deberes tributarios a los que nos tiene acostumbrados el legislador.

Carolina Verdés Pastor es vicepresidenta territorial de la APAFCV
y socia directora de B2B Corporación Jurídica

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